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Compuesto por cuatro cursos virtuales autónomos que suman 128 horas de formación, este ciclo enfrenta a las operadoras y los operadores judiciales con los desafíos más persistentes identificados en la práctica judicial: analizar casos complejos donde se cruzan múltiples condiciones de desigualdad, activar rutas y protocolos interinstitucionales con debida diligencia, reconocer y prevenir las prácticas que revictimizan a quienes ya han sido dañadas, y valorar la prueba sin que los estereotipos y sesgos contaminen la decisión. Cada curso es una herramienta concreta para que la perspectiva de género no se quede en las buenas intenciones —sino que llegue al expediente, a la providencia y a la vida de quienes confían en la justicia para que les proteja.
Analizar y resolver casos judiciales complejos aplicando metodologías interseccionales, integrando múltiples ejes de desigualdad para producir decisiones fundamentadas y sensibles al contexto.
Análisis del contexto sociocultural para interpretar casos por género, discapacidad, rango etario, etnia, territorio y clase; análisis de los impactos de las discriminaciones múltiples y los estereotipos cruzados; y la aplicación de acciones afirmativas o discriminación positiva como herramientas para garantizar el acceso a la justicia.
Aplicar de manera efectiva las rutas y protocolos de atención en casos de violencias basadas en género desde la función judicial, identificando medidas de protección, posibles fallas en su implementación y las responsabilidades derivadas de la inobservancia de la debida diligencia.
Activación de la debida diligencia; rutas y protocolos en violencias por medios sexuales y otras violencias (agravadas por ser mujer, mujeres privadas de la libertad, migrantes, etc.); medidas de protección y atención (casos de urgencia, desalojos, agentes químicos); identificación de fallas institucionales en la ruta; y consecuencias y sanciones frente a la inobservancia de la debida diligencia.
Comprender la condición de la víctima en el proceso judicial, previniendo prácticas de revictimización mediante la aplicación de estándares internacionales, normativa nacional y ajustes razonables que garanticen un trato digno y un escenario judicial seguro.
Conceptos de victimización primaria, secundaria (revictimización) y terciaria; marco normativo internacional y nacional para la no revictimización; análisis del recorrido, brechas y barreras de la víctima en el proceso; rol de la empatía judicial y la escucha activa; enfoques de protección interna y externa; y ajustes razonables para transformar el despacho judicial en un espacio seguro para poblaciones diversas, niñas, mujeres mayores, indígenas y campesinas.
Aplicar los estándares interamericanos y nacionales de valoración probatoria con enfoque de género, reconociendo cómo las desigualdades estructurales, los estereotipos y los sesgos pueden influir en el análisis de la prueba y en la decisión judicial.
Estándares internacionales y nacionales sobre valoración de la prueba; identificación de desigualdades materiales entre sujetos procesales; análisis de la matriz de la dominación para identificar estereotipos en la valoración probatoria (por edad, etnia, territorio, LGBTIQ+, discapacidad); y comprensión de cómo los estereotipos se transforman en sesgos que impactan la decisión judicial y el acceso a la justicia.